SIGUE EL CAOS VIAL.

Por: Ezequiel Castañeda Nevàrez.

En verdad pensé que las molestias que ocasiona el caos vial de esta capital solo estaba en la óptica de unos cuantos, entre los que me cuento yo, por supuesto; que este solo se observaba en horas pico y que no en todos los rumbos de la ciudad se daba. Pero la respuesta de algunos ciudadanos sobre este tema ha sido notable, lo que confirma nuestra apreciación de que estamos ante un problema serio, que amerita el análisis en los mismos términos y desde luego la inmediata atención de la autoridad municipal, que es la responsable de atenderlo.
La opinión sobre esta problemática, abordado de manera responsable e informada por analistas de Diario de Xalapa, y el interés de los lectores nos dicen que el problema es más grave de lo que pensamos; incluyo en el pensamos a la autoridad municipal, porque hasta ahora solo conocemos la opinión del Director de Tránsito municipal, quien considera que parte de la solución se dará en cuanto Harry Jackson le meta mano al reordenamiento del autotransporte pùblico lo que significa, en opinión del funcionario, que alrededor de seiscientas unidades saldrían del centro de la ciudad. Pastor sabe lo que dice, porque es un funcionario que se ha formado en el área de Tránsito y conoce el manejo y operación de la corporación, tan maleada y tan ineficiente como es del dominio general; algo ayuda el que tenga idea de las cosas el responsable directo, solo que las decisiones no están en su ámbito, así que sus intenciones y propuestas podrían sufrir la aplicación del artículo cesto (si, dije cesto).

La propuesta de democratizar el asunto, es decir, de que se encuentren soluciones consultando especialistas en la materia, y que se escuche a la sociedad jalapeña, que es quien padece la ausencia de soluciones, y que vive cotidianamente el problema, ha tenido una aceptación que honradamente no esperaba.. Sobresale el mensaje del lector Julio González, quien confirma que la ciudadanía participaría gustosa en la búsqueda de soluciones, a la vez que pone acción a la palabra sugiriendo: “la remodelación, que solo costó 35 millones, de la fachada del Teatro del Estado, incluyó el cierre de una “glorieta”, que servía muy bien para que los conductores procedentes de Avila Camacho se incorporaran al final de Ignacio de la Llave para cruzar o retornar a la misma calle. Siempre hubo cortesía y tolerancia de los conductores para ceder el paso, pero con la dichosa remodelación, se les ocurrió a los Arquitectos Aguayo cerrar, creando una explanada que no sirve para nada, inventando una cuchilla para enmendarlo, dando lugar a la intolerancia hacia quienes pretenden el paso” por lo que propone abrir nuevamente el paso. También hace algunas reflexiones sobre el alto volumen de los claxons cuyo tipo y decibeles debe normar también la autoridad, ya que son un verdadero tormento. Otros lectores señalan otros problemas y hacen interesantes propuestas; ya habrá oportunidad de canalizarlas mas adelante.

Por lo pronto, Ricardo Ahued ya dijo que no se tiene nada al respecto, porque los recursos federales llegan en febrero y hasta entonces iniciarán con los proyectos, lo que es cierto y hasta cierto punto razonable, así que hay que aguantar el caos un poco más. Hay que decir, en apoyo a la buena fama del alcalde, que la solución no está en él, ya que solo es integrante de un ayuntamiento que decide colegiadamente en sesión de cabildo, para que no lo ubiquemos los ciudadanos como el responsable de nuestros padecimientos viales, ni esperemos que de su chistera broten las soluciones mágicamente, lo que si puedo afirmar, porque lo se de oidas, es que tenemos como Presidente municipal a un hombre sensible y que sabe escuchar, asì que no hay duda en que existen altas probabilidades de que proponga al cabildo las soluciones que los ciudadanos estamos esperando, nada mas, pero nada menos. Esa es la cuestión.

eze_cas@hotmail.com

¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MILITARES?

Por: José Luis Camba Arriola.

Hace unos días, se cometió un asesinato más en un penal federal de “máxima seguridad”. El asunto ha generado un sinnúmero de opiniones plasmadas lo mismo en páginas de periódicos que en radio, televisión, charlas y debates.

Casi todos coinciden en lo reprobable del hecho y en la gravedad de lo acontecido. También es generalizada la idea de que se debe evitar que semejante cosa vuelva a ocurrir. Incluso hay posturas concurrentes entre diversos opositores políticos. Tan es así, que me llamó mucho la atención ver que tanto Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, como José Luis Santiago Vasconcelos, Subprocurador Federal de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada; a pesar de pertenecer a grupos políticos opuestos, coincidían en opinar que el ejercito debería tomar temporalmente el control del recinto penal donde ocurrió el asesinato, hasta que se pudiera garantizar la seguridad del mismo, mediante la renovación de los funcionarios civiles actuales por otros de probada honestidad.

Y digo que me llamó la atención por la anticonstitucionalidad de la propuesta. Y es que nuestra Constitución no sólo no contempla semejante cosa, sino que además, expresamente la prohíbe. Veamos a lo que me refiero. Reproduzcamos la primera parte del Artículo 129 constitucional:

“Artículo 129.- En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”

Este artículo no deja lugar a dudas: en tiempo de paz, los militares solamente pueden dedicarse a cuestiones relacionadas con su disciplina. Ahora bien, que yo sepa, y aunque a veces parezca lo contrario, vivimos tiempos de paz. Entonces, si esto es así, las fuerzas armadas se encuentran imposibilitadas, constitucionalmente, para tomar el control de penal alguno, sin importar el número de asesinatos que se cometan dentro de éstos.

Y es que en 1917, cuando se redactó nuestra Constitución, los autores ni siquiera tuvieron que discutir las funciones de los militares. Lo tenían muy claro, sobre todo porque la Carta Magna que se estaba reescribiendo marcaba el fin de la más grave guerra popular que México hubiese vivido hasta entonces. El papel de los militares en tiempos de paz no debía interferir, bajo ningún pretexto, con la vida civil. Demasiados ejemplos de ello nos había dejado la historia de la política decimonónica. El riesgo de que el mayor monopolio de fuerza del Estado se corrompiera con tentaciones de poder tenía que ser suprimido. La sociedad debía resolver sus conflictos con medios civiles. El papel de los militares debía circunscribirse a inhibir, con su existencia y continua profesionalización, las amenazas a la soberanía. Sólo en esos casos debía actuar con toda la autoridad que le confería su papel constitucional. Las fuerzas armadas de nuestro país no debían sobajarse dedicándolas, tampoco, a funciones menores. La defensa a la soberanía es lo que, como también hoy, justificaba e informaba su existencia. A ese fin, que en última instancia nadie más puede proteger, debía dedicar sus recursos. A prepararse para estar en condiciones de combatir a quienes, con medios violentos, amenazaren el orden constitucional. Para ninguna otra cosa.

Pero tan claro estaba para los constituyentes de 1917 que el 25 de enero de ese mismo año, después de haber tomado al pie de la letra, el contenido del artículo 128 de la Constitución de 1857, aprobaron, sin discusión alguna, la inclusión de este artículo en nuestra Carta Magna vigente bajo el número 129.

Claro que algunos dirán, que la previsión constitucional que acabamos de comentar, se refiere a que los militares no ocupen cargos civiles simultáneamente. Pues no. Este precepto se especifíca, a lo largo de toda la Constitución, cuando se hace referencia a los impedimentos para ocupar el amplio catálogo de cargos públicos con que cuenta el Estado.

Pero eso no es todo, para que no cupiera la duda, el artículo 89 constitucional le informa al Presidente de la República del destino único del trabajo de los militares. Veamos lo que dice:

“Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. …;

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación;”

Aclaremos: “Preservar la seguridad nacional,” o sea, “la seguridad interior y” la “defensa exterior de la Federación”. En una palabra: soberanía. Ahora, hasta donde yo me quedé, los asesinatos en penales federales, de la seguridad que sean, no implican una amenaza exterior alguna ni tampoco una cuestión de seguridad interior. Una revuelta, un levantamiento armado de insurgentes, como el del EZLN; o una declaración de guerra de una entidad federativa a otra sí son asuntos de seguridad interior y tal como lo manda este artículo de la Constitución, requieren de la intervención del ejército para preservar la seguridad nacional. Los asesinatos en penales federales, no.

Como, en mi opinión, tampoco la custodia y traslado de boletas electorales, el combate al narcotráfico o los desastres naturales son causales de intervención militar. No, las fuerzas armadas no deben dedicarse a estos asuntos. Ya contamos con nefastas experiencias de corrupción que bajo el pretexto del combate al narcotráfico, han manchando el nombre de las instituciones militares. Estas tareas no son propias de militares. Ningún país civilizado se las asigna. Tampoco debíamos hacerlo nosotros. La incapacidad de los funcionarios civiles para realizar sus tareas no justifica la intervención militar; lo único que hace es poner en evidencia esa incapacidad.

Por ello sostengo que los militares sirven para resguardar las soberanías. Para ninguna otra cosa. Deben concentrarse en ello y en nada más. Recordemos que por alguna razón, nos guste o no, históricamente, el ejército oficial mexicano nunca ha ganado una guerra. Las ha perdido todas. Desde la Conquista española hasta la Revolución Mexicana, pasando por la Independencia, los ejércitos oficiales del poder en México, han perdido todas las guerras. Que no nos vuelva a pasar.

Que López Obrador no respete la ley no es ninguna novedad. Lo ha hecho antes y, probablemente lo seguirá haciendo. Será que al haber adquirido este mal hábito, producto de su ignorancia, ahora que a fuerza de muchas repeticiones, se aprendió la tabla del dos, ¿todavía necesita de los dedos de sus pies para contar? Y no obstante, así quiere ser Presidente.

Ahora, lo que sorprende es que Santiago Vasconcelos no conozca la Constitución. El Subprocurador es uno de los encargados de la persecución de los delitos.

¿Qué es lo que estará ocurriendo? Esta misma semana escuché a Fox decir que siendo Presidente se dio cuenta de que la ley no siempre se puede aplicar. Pues lo dudo. Si por ahí comenzáramos, por aplicar las leyes, un buen principio tendríamos. Todo funcionario que toma protesta de su cargo jura respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Lo juran. Les guste o no, el propósito de la existencia de leyes es evitar el prurito del absolutismo.

Por eso señores políticos, tenemos leyes. Dejen que las fuerzas armadas se dediquen a lo suyo y ustedes dedíquense a lo que les toca. Si no pueden: simplemente renuncien, pero mientras tanto, procuren respetar la Constitución.

joseluis@camba.ws