EL ECLIPSE POLÍTICO

Por: Ezequiel Castañeda Nevárez

El panorama político del Estado, que por algunos días pareció entrar en un proceso similar al reciente eclipse lunar, en donde no se veía absolutamente nada, parece por momentos aclararse al advertirse ya algunos signos que permiten diversas lecturas políticas que, aunque pudiesen parecer equivocadas o francamente erradas, se entiende su sentido por la bruma política que aún impera, pero algo ya se ve.

Cada vez más se vislumbra la posibilidad de una posible y probable anulación de las elecciones de Gobernador del Estado ante las presiones ejercidas por todas las partes interesadas en el asunto, a los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, principalmente por parte del Gobierno Federal, léase Vicente Fox y Santiago Creel, así como por los partidos políticos que participaron en esa elección, principalmente el PRI y el PAN.

Como se sabe, hasta el momento existe un ganador oficial de la competencia electoral al haber sido entregada la constancia que acredita como Gobernador Electo del Estado de Veracruz a Fidel Herrera Beltrán, decisión que ha sido impugnada por el PAN y por la alianza Convergencia-PT-PRD, por lo que la decisión final se encuentra ahora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial.

Algunas voces se han expresado contrarias a que sean los magistrados quienes emitan una resolución que debió haber quedado clarificada con el recuento de los votos existentes el mismo día de la elección, o en el cómputo final que dio a conocer el Instituto Electoral Veracruzano, resaltando que el poder judicial no puede suplantar la decisión de los electores veracruzanos, que un magistrado no puede dar a un partido político lo que no obtuvo en las urnas.

No, de ninguna manera puede descalificarse la participación del poder judicial en las controversias entre particulares o entre partidos políticos como es el caso, ni dejar de considerar que resulta mejor activar los mecanismos que dan certeza jurídica a la competencia electoral de los partidos políticos y a la participación de los electores, que dejar que esta se resuelva a través de la discusión entre los actores políticos, cuando ya sabemos que no existe en la mayoría de ellos capacidad para lograr acuerdos ante intereses encontrados entre sí, y con mucha mayor razón cuando el punto de discusión se ubica siempre por regla general lo más alejado de la ética, la política y la razón; y cuando se ha acreditado suficientemente que el respeto por el estado de derecho no parece ser convicción de los políticos. No, la legislación en la materia existe y debe acudirse a ella cuando hay conflictos o diferencias, y corresponde a las instancias jurisdiccionales estudiar el caso y emitir una resolución apegada a derecho. No es posible echar por la borda múltiples esfuerzos que se han realizado durante generaciones para construir el camino de la legalidad, para que a estas alturas optemos por regresar a la anarquía y el desorden. Existen leyes claras y reglamentos en la materia que deben respetarse, y existen instancias para hacer respetar la legalidad, no es ese el punto que debemos discutir.

El verdadero problema radica en la posibilidad de que un Tribunal emita una resolución en función de las presiones políticas externas, ajenas o contrarias al derecho, al contenido del expediente que estudia; vamos, cuando se politiza la justicia, no cuando se judicializa la política es cuando estamos ante un verdadero riesgo.

Por lo pronto, se observa una intensa actividad política relacionada aun con los pasados comicios; por una parte se ve a un Gobernador electo en lo que parece ser continuación de su campaña política, vigente día a día en los medios de comunicación, promoviendo reuniones con organizaciones y ciudadanos de todo el Estado y expresando sus propuestas; por otra parte, a un candidato perdedor y su partido en una intensa y costosa promoción mediática para contrarrestar el activismo de Fidel Herrera, de modo que, el ciudadano común, que solo se entera de la información que le suministran los medios, se pregunta por qué sigue ese gasto por parte de Acción Nacional en los medios si ya promovieron ante el Tribunal lo que en su derecho consideraron y por qué Fidel Continúa en febril actividad política, cuando ya es el Gobernador electo al ganar una elección sumamente competida. La respuesta es obvia. Gerardo Buganza y su partido tienen confianza en lo expresado por Vicente Fox cuando afirmó públicamente que se está trabajando lo de Veracruz y que va a ganar y, por su parte, el candidato ganador y su Partido no se duermen en sus laureles porque temen que las presiones sobre los integrantes del máximo Tribunal funcionen y los lleven a una concesión política indebida y no a un estudio y razonamiento jurídico del expediente, lo que revertiría o anularía el triunfo obtenido.

Una resolución política y no jurídica negaría la autonomía del órgano judicial lo que sería lamentable porque crearía un pésimo antecedente de cara a la elección federal del 2006 pero, sobre todo, sería una burla colosal para los electores veracruzanos y los miles de funcionarios electorales y representantes de los partidos que operaron y convalidaron los resultados de la elección, que no merecen ese desprecio. Respetar el triunfo de Fidel o revertirlo. Esa es la cuestión.

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